Que te digan que "la empresa está mal" no cambia lo que se te debe. Si hay nóminas impagadas, atrasos o un finiquito pendiente, conviene revisar qué cantidades puedes reclamar, qué documentos reunir y qué plazos tienes antes de que la deuda prescriba o la situación de la empresa se complique más.
El artículo 29 ET exige pagar el salario puntual y documentalmente en la fecha convenida o conforme a los usos y costumbres; el período de abono de las retribuciones periódicas y regulares no puede exceder de un mes. La dificultad de tesorería no elimina lo adeudado.
Qué cantidades se pueden reclamar
Nóminas mensuales impagadas, atrasos salariales, horas extraordinarias no abonadas, pagas extraordinarias y el finiquito pendiente son las cantidades más habituales que se reclaman por la vía de reclamación de cantidad, distinta del procedimiento de despido.
Nómina, finiquito, horas extra y atrasos
Cada concepto tiene su propio soporte documental: las nóminas y su desglose, el registro de jornada para las horas extraordinarias, y el cálculo del finiquito para las cantidades pendientes al finalizar la relación laboral. Conviene revisar cada uno por separado, porque el importe reclamable no siempre coincide con lo que figura en el último recibo de salario.
Qué documentos conviene reunir
Nóminas de los últimos meses, contrato de trabajo, convenio colectivo aplicable, registro de jornada si se reclaman horas extraordinarias, y cualquier comunicación de la empresa reconociendo la deuda o explicando el retraso.
Un ejemplo, solo a título ilustrativo
Imagina que la empresa lleva dos meses sin pagar la nómina completa y responde que "está pasando un mal momento" sin concretar cuándo regularizará la situación. Reunir las nóminas pendientes, el contrato y cualquier mensaje donde la empresa reconozca la deuda permite valorar con datos, no con la sensación de urgencia, cuál es el siguiente paso más razonable. Este ejemplo es solo ilustrativo: cada situación depende de los documentos y plazos concretos.
Reclamación amistosa, conciliación y demanda
Antes de demandar una deuda salarial se exige, con carácter general, intentar la conciliación o mediación previa conforme al artículo 63 LRJS. En la Comunitat Valenciana puede tramitarse ante el SMAC. Hay excepciones en el artículo 64 LRJS, por lo que debe comprobarse el procedimiento aplicable. Una negociación privada no sustituye por sí sola el trámite exigible ni permite desatender los plazos.
Si la empresa propone un calendario de pago, conviene documentar la deuda, los conceptos y los vencimientos. Ese acuerdo no garantiza el cobro ni equivale por sí mismo al título que exige FOGASA. Antes de firmar o esperar, hay que revisar sus efectos sobre las acciones y conservar prueba de las reclamaciones y respuestas.
Plazos importantes
Para reclamar salarios al empresario, el plazo general es de un año desde que cada cantidad pudo exigirse, conforme al artículo 59.2 ET. Las nóminas de meses distintos pueden tener vencimientos y cómputos diferentes. No es un plazo que deba contarse siempre de forma continua: puede haber actos que interrumpan la prescripción.
El artículo 1973 del Código Civil contempla la reclamación judicial, la reclamación extrajudicial del acreedor y el reconocimiento de la deuda por el deudor. Su eficacia en el caso concreto exige poder acreditar el acto y su alcance. Conviene conservar prueba del contenido y la recepción de la reclamación; una conversación informal o la mera espera de una respuesta no deben darse por suficientes.
Frente a FOGASA hay una cautela adicional: el artículo 23.5 LRJS establece que la reclamación extrajudicial al empresario o el reconocimiento de deuda por este no producen por sí solos efecto interruptivo frente al Fondo. La excepción prevista para el reconocimiento ante un servicio administrativo de mediación, arbitraje o conciliación, o en acta de conciliación en un proceso judicial, debe comprobarse con el título concreto. No debe suponerse que reclamar solo a la empresa conserva también la garantía de FOGASA.
La solicitud de conciliación o mediación interrumpe la prescripción y, para las acciones sujetas a caducidad, suspende esta. El artículo 65.1 LRJS regula el reinicio o la reanudación desde el día siguiente al intento de conciliación o al transcurso de quince días hábiles sin celebrarse. Los treinta días del artículo 65.2 se refieren a dar por cumplido el trámite; no son una ampliación automática de cualquier plazo para demandar. Si también hay un despido, su plazo de veinte días hábiles es distinto del de la deuda salarial.
Reclamar lo debido y pedir la extinción del contrato son vías distintas
Los impagos o retrasos continuados también pueden permitir solicitar judicialmente la extinción indemnizada del contrato conforme al artículo 50 ET. No es una baja voluntaria ni una extinción automática por enviar una carta. El artículo 50.2 remite a la indemnización prevista para el despido improcedente, sin que eso signifique que FOGASA vaya a cubrir todo su importe.
La redacción vigente desde el 3 de abril de 2025 considera retraso superar en quince días la fecha fijada para pagar el salario. Contempla tres mensualidades completas adeudadas en un año, aunque no sean consecutivas, o retrasos en el pago durante seis meses, tampoco necesariamente consecutivos. Estos supuestos no agotan los casos que el órgano judicial puede apreciar como causa justa. No hay que convertirlos en la instrucción de esperar siempre a tres nóminas ni aplicar esa conclusión al ejemplo ilustrativo de dos meses.
La decisión debe valorar documentos, continuidad del incumplimiento y vías de protección. No conviene dimitir ni dejar de acudir al trabajo por cuenta propia creyendo que eso activa el artículo 50. Si se necesita dejar de prestar servicios mientras se resuelve el asunto, deben examinarse las medidas legalmente disponibles para el caso. Si hay concurso y se inicia el procedimiento de despido colectivo, el artículo 185 TRLC prevé la suspensión de determinados procesos individuales y los efectos del auto posterior. Deben revisarse la competencia y el estado del procedimiento concreto.
FOGASA: salarios, indemnizaciones y requisitos diferentes
FOGASA puede garantizar determinadas deudas laborales impagadas cuando concurren los supuestos legales de insolvencia o concurso. La simple dificultad de tesorería o el reconocimiento privado del empresario no bastan. El Fondo comprueba la procedencia de la prestación y aplica los límites del artículo 33 ET.
Fuera del concurso, el artículo 33.6 ET exige que, instada la ejecución, no se consiga satisfacer los créditos laborales y que la declaración de insolvencia se dicte previa audiencia de FOGASA. Que la empresa diga que no puede pagar no equivale a esa declaración.
Para salarios, el artículo 33.1 ET contempla cantidades reconocidas como salariales en un acto de conciliación o en una resolución judicial. El módulo está limitado al doble del SMI diario con prorrata de pagas extraordinarias y existe un máximo de ciento veinte días. Un finiquito puede reunir conceptos de naturaleza distinta: no todo lo que figure en él es salario cubierto por el Fondo.
Para indemnizaciones, el artículo 33.2 ET exige los títulos y causas que enumera: sentencia, auto, conciliación judicial o resolución administrativa en los supuestos legalmente cubiertos. No debe confundirse esa resolución administrativa con cualquier acuerdo ante el SMAC. La FAQ oficial de FOGASA excluye, con carácter general, las indemnizaciones reconocidas en conciliación administrativa, y recoge como excepciones las derivadas de un expediente de regulación de empleo de extinción motivado por fuerza mayor y las derivadas de la finalización de un contrato temporal. La cobertura no se presume por la sola existencia del acuerdo.
En un concurso se aplican, además, las reglas del artículo 33.3 ET sobre intervención del Fondo y reconocimiento del crédito en la lista de acreedores o como deuda de la masa por el órgano competente, con la cuantía y demás requisitos exigidos. El auto que abre el concurso no reconoce por sí solo todas las deudas. Para las indemnizaciones hay reglas de cálculo y topes propios, incluido el régimen concursal: la cantidad garantizada puede ser inferior a la reconocida frente a la empresa.
La solicitud de prestaciones a FOGASA tiene su propio plazo: el artículo 33.7 ET establece un año desde el acto de conciliación, sentencia, auto o resolución laboral correspondiente que reconoce la deuda o fija la indemnización. Puede interrumpirse por las acciones ejecutivas, el reconocimiento del crédito en el concurso y las demás formas legales. Este cómputo no debe confundirse con el año para reclamar cada salario al empresario.
El siguiente paso debe decidirse a partir de la deuda, los títulos disponibles y los plazos acreditados. La transparencia de la empresa o el número de personas afectadas no sustituyen esa comprobación. Antes de aceptar una espera o una indemnización pactada, conviene verificar qué se reconoce, cómo se puede exigir y qué parte podría quedar fuera de FOGASA.